Al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tres expertas de la ONU en derechos humanos exhortaron al Gobierno de México a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente”, al igual que la de sus familiares, de los movimientos de la sociedad civil, y de las organizaciones y servidores públicos abocados a esa causa.

En un comunicado conjunto respaldado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y por el Comité contra la Desaparición Forzada, las relatoras especiales se refirieron a la intimidación, los ataques e, incluso, la muerte violenta que enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

“Es indignante que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México”, recalcaron las relatoras especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; y sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem; y la experta sobre los derechos humanos de las personas mayores, Claudia Mahler.

Las expertas citaron concretamente dos casos de activistas atacadas pese a ser beneficiarias del mecanismo federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

El 2 de mayo de 2023, Teresa Magueyal sufrió brutales disparos mientras andaba en bicicleta en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dos meses antes, el 4 de marzo de 2023, la también defensora de los derechos humanos Araceli Rodríguez Nava, fue atacada en Chilpancingo, estado de Guerrero. Rodríguez Nava continúa buscando a su hijo desaparecido.

Ambos casos siguen bajo investigación, pero las víctimas y sus familiares apenas han recibido información sobre los resultados de las pesquisas.

Las expertas instaron al gobierno mexicano a garantizar que los defensores de los derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas puedan ejercer su labor en libertad y seguridad.

Destacaron que las desapariciones forzadas y los ataques a quienes buscan a sus seres queridos están vinculados al crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, las redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades.

En este sentido, afirmaron que desempeñar su tarea en un entorno de miedo constante, amenazas e inseguridad tiene un efecto disuasivo en los familiares de las víctimas, los actores de la sociedad civil, y los activistas y organizaciones de derechos humanos

“Muchos de ellos son mujeres y personas mayores, lo que agrava su riesgo de ser agredidas y encontrarse en situaciones de vulnerabilidad”, acotaron.

También consideraron que se deben adoptar medidas de protección que tengan en cuenta las múltiples formas de discriminación, como el género y la edad.

Tras manifestar su indignación por las embestidas contra las mujeres que defienden las garantías fundamentales, hicieron patente su enorme preocupación por la impunidad que rodea esos crímenes, aunque sean denunciados.