El embate provocado por la pandemia de COVID-19 sobre el transporte marítimo de mercancías tuvo menos repercusión que la esperada inicialmente, pero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advierte en su último informe sobre este sector que los “efectos secundarios serán de gran alcance y podrían transformar el transporte marítimo”.

El estudio muestra que la actividad comercial marítima se contrajo inicialmente un 3,8% en 2020, pero que posteriormente se recuperó y ahora prevé un aumento de 4,3% para el año en curso. Aunque las perspectivas a mediano plazo siguen siendo positivas, desde la UNCTAD advierten que están sujetas a "riesgos e incertidumbres crecientes".

Pese a una “incipiente” recuperación, el análisis esboza un panorama de “presiones sin precedentes” en las cadenas de suministro mundiales, unidas a “impresionantes repuntes en las tarifas de los fletes”, y con próximas e importantes alzas de precios para los consumidores y los importadores.

La secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, destacó que la recuperación a largo plazo del sector "dependerá de la trayectoria de la pandemia y depende en gran medida de que seamos capaces de mitigar los factores adversos y de que la vacuna se despliegue por todo el mundo".

Grynspan alertó de que las repercusiones causadas por la crisis de la COVID-19 golpearán con mayor fuerza a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a los países menos adelantados. 

La UNCTAD indica que la pandemia dejó al descubierto e incrementó problemas ya existentes en el sector, como la falta de mano de obra o las carencias en materia de infraestructuras, y otros nuevos como los cambios de tripulación afectados por los cierres de fronteras y la falta de vuelos internacionales que dejaron a cientos de miles de marinos varados en alta mar, sin poder ser reemplazados o repatriados.

Para solucionar este problema, el estudio reclama “la atención urgente de los Estados de pabellón, de los rectores de puertos y de los proveedores de mano de obra e insiste en que todos los Estados deberían formar parte de los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, como el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006.