La tasa neta de escolarización alcanzó el 98.4% en primaria y 86.2% en secundaria, durante el ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

En 2016, poco más de un millón de menores de edad, que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, no asistieron a la escuela.

En la población indígena, los niveles de educación son bajos, 50.3% de este grupo poblacional contaba como máximo con primaria completa en 2016, condición que se convierte en un obstáculo por sí mismo para acceder a mejores oportunidades laborales.

Existen pocos incentivos para que las personas con discapacidad asistan a la escuela, como lo son el bajo porcentaje de becas para esta población, la infraestructura que no se adapta a sus necesidades de movilidad, la poca capacitación de docentes de acuerdo con los distintos tipos de discapacidad y la discriminación a la cual pueden ser sujetos.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, publicado recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), destaca que la condición económica es un factor que determina diferencias en el acceso al derecho a la educación, en ese sentido, la gratuidad de la educación pública obligatoria no es suficiente, es necesario garantizar que toda la población pueda solventar los costos extras de la educación (transporte, comidas, actividades extracurriculares, entre otros) y que toda la población, particularmente la que está en situación de pobreza, tenga acceso efectivo al derecho a la educación.

De esta manera, el Informe de Evaluación 2018 señala que la carencia por rezago educativo disminuyó de 2008 a 2016, al pasar de 21.9% a 17.4% pero persisten dificultades económicas y condiciones que generan diferencias en las oportunidades de educación de la población.

Gasto público en educación

En 2016 el gasto federal en educación representó 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), este se concentró en la educación básica (56.4%), seguido de la educación superior (23.2%), la media superior (12.3%) y otros rubros (8.1%), incluyendo capacitación para el trabajo, la educación para adultos, la cultura y el deporte, así como los gastos de administración central. Esta inversión permitió que para el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización alcanzara 98.4% en primaria y 86.2 en secundaria.

Avances y retos en educación

A pesar de los avances en el rezago educativo, en 2016 poco más de un millón de menores de edad, que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, no asistieron a la escuela.  En el mismo año se identificaron 444,275 menores indígenas con rezago educativo y 543,936 que no asistían a la escuela. En relación con los espacios educativos, en el ciclo escolar 2014-2015 más de 21% de los grupos de alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria no contaban con mobiliario para sentarse ni materiales para escribir.

Población indígena

En lo referente a la población indígena, los niveles de educación son bajos, 50.3% de este grupo poblacional contaba como máximo con primaria completa en 2016, condición que se convierte en un obstáculo por sí mismo para acceder a mejores oportunidades laborales.

Además, se identificó que los materiales didácticos son escasos en los salones de clases de las escuelas primarias y casi inexistentes para la atención a estudiantes con alguna discapacidad o hablantes de lengua indígena

Población con discapacidad

Otro de los sectores que enfrenta obstáculos para acceder a la educación es la población con discapacidad, ya que en 2016 presentó mayores porcentajes de rezago educativo y menores de asistencia escolar para todos los niveles educativos en comparación con las personas sin discapacidad (48.8 y 9.3 por ciento, respectivamente). En este sentido, el Informe de Evaluación 2018 reconoce que existen pocos incentivos para que las personas con discapacidad asistan a la escuela, como lo son el bajo porcentaje de becas para esta población, la infraestructura que no se adapta a sus necesidades de movilidad, la poca o casi nula capacitación de adolescentes de acuerdo con los distintos tipos de discapacidad y la discriminación a la cual pueden ser sujetos.

Jóvenes

Respecto a la población joven, el Informe de Evaluación 2018 destaca que es necesario explorar si factores como el deterioro de la calidad de la educación media y superior, el desfase entre la oferta y la demanda de competencias profesionales, la falta de valoración de las competencias adquiridas o a la ausencia de empleos de buena calidad que puedan ajustarse a los altos niveles de calificación y aspiraciones de los jóvenes, pueden explicar el desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la escasa participación de los jóvenes con mayores niveles educativos en el mercado laboral.

Además, para las mujeres en edad normativa escolar, que se encuentran en situación de embarazo y maternidad, la educación obligatoria no se ha vuelto accesible a sus circunstancias por lo que resulta necesario generar políticas que faciliten la continuidad o reinserción social de las madres adolescentes e implementar medidas especiales que ayuden a disminuir el embarazo en menores de edad.

Por último, el Informe de Evaluación 2018 resalta que el derecho a la educación conseguirá la eficacia si los estudiantes logran adquirir, con un nivel suficiente de dominio, los conocimientos y habilidades que se esperan de acuerdo con los planes, objetivos y contenidos planteados por el Sistema Educativo Nacional o por evaluaciones internacionales.

Recomendaciones

De acuerdo con esta situación, el CONEVAL hace las siguientes recomendaciones para lograr un acceso efectivo al derecho a la educación:

Incrementar la disponibilidad de instituciones públicas que ofrecen educación media superior en regiones con poca oferta de servicios y alta concentración de población potencial.

Mejorar la focalización de la población a la que se le otorgan becas, distintas de las del Programa de Inclusión Social Prospera, midiendo mejor el grado de vulnerabilidad o necesidad económica de quienes la solicitan.

Explorar otros mecanismos de apoyo a la inclusión educativa (educación gratuita, becas de manutención de amplia cobertura) destinados específicamente a jóvenes de bajos ingresos en educación media y superior.

Construir inmuebles para fines educativos con todos los servicios y con materiales duraderos para los alumnos que actualmente asisten a clases en espacios construidos con materiales precarios o con otro tipo de insuficiencias, así como proveer mobiliario suficiente y los recursos pedagógicos necesarios a todas las escuelas.

Garantizar que las instalaciones cuenten con mobiliario y materiales para personas con discapacidad, así como explorar alternativas para incrementar su inclusión escolar y la conclusión de sus estudios.

Reforzar la evaluación de los procesos educativos.

FUENTE: CONEVAL