Las sanciones sectoriales de amplio espectro que aplican a países que enfrentan la pandemia del coronavirus, como Cuba y Venezuela, deben ser reevaluadas de manera urgente, aseguró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según Michelle Bachelet, éstas podrían tener una repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos.

“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, teniendo en cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó Bachelet en un comunicado.

Según la funcionaria, las sanciones deben atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países.

“En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos. Las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”, dijo la Alta Comisionada. 

“Ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, afirmó, en alusión al llamamiento formulado la semana pasada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que instó a “una acción política coordinada, decisiva e innovadora” para frenar la propagación del COVID-19.