Después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido. Unas 1351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre.

Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, “resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación”.

En el documento también se destacan los “alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto o detención””, allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las “amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos”.

Las fuerzas de seguridad de Honduras utilizaron “una fuerza excesiva, incluso letal” para controlar las protestas tras las elecciones, incluso “más allá del propósito disuasorio o de defensa propia”, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Siete personas murieron por disparos en la cabeza en lo que “podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”.