El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publica el documento ¿Qué funciona y qué no en desarrollo laboral juvenil? que forma parte de una serie de Guías Prácticas de Políticas Públicas que buscan mostrar un panorama de lo que funciona o no en materia de intervenciones para el desarrollo laboral juvenil, contribuir a la toma de decisiones y a la mejora de los mecanismos de política pública del país con base en evidencia.

La revisión de evidencia reunida en esta Guía es el resultado de una búsqueda exhaustiva de evaluaciones de impacto y de revisiones sistemáticas sobre la efectividad de diferentes intervenciones.

Diagnóstico

México se encuentra en un proceso de transición demográfica que se caracteriza por el engrosamiento de la parte media de la pirámide poblacional, es decir, el incremento proporcional de la población joven respecto al total de la población. Esta estructura demográfica conlleva dos importantes retos: 1) brindar a los jóvenes educación y trabajo suficiente de buena calidad; y 2) garantizarle a esta población la disponibilidad futura de un sistema de seguridad social que les permita vivir su vejez en situaciones decorosas.

Es necesario reconocer que la oferta de empleo en el país, particularmente para los jóvenes, depende de múltiples factores y, por lo tanto, su dinámica está influida por causas tan diversas como el entorno económico internacional, el cambio tecnológico en los procesos de producción, la demanda interna, la

calidad de la formación de los futuros trabajadores o las políticas públicas.

La población joven representa una cuarta parte de la población total del país; para el primer trimestre de 2018 había aproximadamente 31.1 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que representaban el  29.3% de la población económicamente activa (PEA) (alrededor de 16 millones), de los cuales el 63.4% son hombres y 36.6% mujeres. En ambos sexos, poco más de la décima parte estudia; sin embargo, se observa una diferencia relevante en el porcentaje que trabaja y realiza quehaceres domésticos, ya que en los hombres representa el 56.8%, mientras que en el caso de las mujeres es el 84%; de la misma forma, una cuarta parte (23.9%) de los hombres se dedican exclusivamente a alguna actividad económica, mientras que las mujeres en dicha situación no superan ni el 4%.

Para 2016, el 42.9% de los jóvenes vivía en situación de pobreza. De esta proporción, el 54.1% estaba ocupado, el 4.3% desocupado y el 41.5% era población no económicamente activa. Al analizar por tipo de localidad, rural o urbana, se observa una distribución similar de los jóvenes en situación de pobreza.

Durante 2016, en las localidades urbanas, el 10.2% de los jóvenes en pobreza ocupados contaba con acceso directo a la seguridad social; pero en el ámbito rural solo el 2.9% cuenta con dicho acceso. En cuanto a los indicadores que componen la seguridad social, la prestación más recurrente entre los jóvenes es el acceso a servicios médicos; sin embargo, la cobertura es muy baja, ya que en zonas urbanas no alcanza al 20% de los jóvenes ocupados y en rurales no llega al 5%.

Causas

De acuerdo con la literatura sobre empleabilidad juvenil, tres de las causas principales coincidentes del desempleo son el bajo desarrollo de capital humano, la desconexión entre la demanda y la oferta de calificaciones y las condiciones específicas del mercado Razones de un bajo desarrollo de capital humano:

• Baja calidad del sistema educativo.
• Falta de desarrollo de habilidades socioemocionales.
• Deserción escolar en educación media superior y superior.
• Falta de experiencia laboral.

La desconexión entre la oferta y la demanda de calificaciones obedece a las siguientes razones:

• Los jóvenes desconocen las diferentes herramientas y mecanismos para buscar trabajo.
• Las empresas renuevan constantemente el tipo de conocimientos técnicos y profesionales que demandan, tales como las habilidades socioemocionales.

Finalmente, las condiciones y la rigidez del mercado laboral tales como el costo elevado de despido, los altos impuestos sobre la nómina y la naturaleza de la gestión de las relaciones laborales pueden afectar la creación de empleos formales, incluyendo aquellos dirigidos a jóvenes.

Evidencia para la formulación de políticas públicas

En general, las intervenciones dirigidas al desarrollo laboral de los jóvenes tienden a tener resultados positivos en sus beneficiarios; en especial cuando se trata de programas o políticas integrales cuyos componentes contemplan la capacitación laboral y la capacitación para la vida. Con el análisis disponible, aún no es posible identificar el efecto particular de cada tipo de actividad o componente, pero al menos la evidencia sugiere un impacto positivo fuerte en las variables relacionadas con empleo y con el desarrollo de habilidades y conocimientos.

Los impactos en términos de educación continua, comportamiento y actitudes son no concluyentes. Para el caso de México, la coordinación institucional con programas como Prospera (que incluso cuenta con evaluación de impacto con resultados positivos) pudieran apoyar en el objetivo de promover la inclusión laboral de los jóvenes de hogares beneficiarios de Prospera y, en el largo plazo, contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y a la salida progresiva de la condición de pobreza de los nuevos hogares que formen los ahora jóvenes beneficiarios. Sin embargo, habría que analizar los criterios y procesos de operación específicos de este componente.

Conclusiones

• Los programas o intervenciones integrales que combinan componentes tales como capacitación en el trabajo, capacitación de habilidades para la vida (o habilidades socioemocionales) y consejería tienden a ser más efectivos.
• Los programas dirigidos a jóvenes en situación de pobreza en áreas urbanas son habitualmente más exitosos.
• La capacitación laboral tiene efectos positivos en ingresos para mujeres jóvenes. Asimismo, se reportan efectos positivos en horas trabajadas para las mujeres jóvenes que se capacitan en estos programas, mientras que para jóvenes varones pareciera no haber efectos. Este impacto es mayor en las mujeres de ingresos bajos y poca escolaridad formal, y en los países en desarrollo, especialmente en América Latina.
• Respecto a la educación técnica y vocacional, las intervenciones sobre capacitación tienen efectos positivos (pero reducidos) en empleo pagado, empleo formal e ingresos mensuales.
• La evidencia muestra que las intervenciones sobre educación laboral y capacitación generan que los jóvenes desarrollen competencias profesionales específicas, habilidades para entrevistas, desarrollo de currículo y búsqueda de empleo.
• Sobre los servicios de búsqueda de empleo, en intervenciones tipo "primer empleo", como la asistencia en las pesquisas laborales, muestran efectos positivos en el corto plazo.
• En países desarrollados (principalmente Estados Unidos) intervenciones para incrementar la demanda de trabajo mediante subsidios al salario han tenido efectos positivos y significativos en mantener a los jóvenes empleados. Asimismo, tienen impactos en la reincorporación de beneficiarios al trabajo, el aumento de su ingreso y la reducción de los apoyos de asistencia social otorgados.
• El impacto de los programas gubernamentales de subsidio al empleo juvenil en países en desarrollo no arroja resultados concluyentes, lo cual puede deberse a que este tipo de intervenciones generalmente son diseñadas sin considerar las necesidades específicas de los jóvenes a los que están dirigidos.
• Los hallazgos relacionados con jóvenes de áreas rurales o agrícolas, así como jóvenes con educación superior no son claros debido a que existen pocas evaluaciones de impacto enfocadas en esta población.
• En lo que respecta a educación técnica y vocacional, los efectos de estas intervenciones en autoempleo y horas trabajadas a la semana no son concluyentes.
• Para el caso de México, la coordinación institucional entre programas como PROSPERA y el Programa de Apoyo al Empleo pudieran potenciar la inclusión laboral de los jóvenes de hogares beneficiarios y, en el largo plazo, contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y la salida progresiva de la condición de pobreza de los nuevos hogares que formen los ahora jóvenes beneficiarios. Sin embargo, habría que analizar los criterios y procesos de operación específicos de dicha coordinación y la cobertura que se puede alcanzar.