Ciudad de México 02 de octubre de 2018.- Una extendida precariedad laboral en el país agravada, según el caso, por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables, es lo que revela el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018 que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Este estudio se centró en la identificación y medición de las brechas de cumplimiento en el acceso y disfrute del derecho al trabajo digno por parte de la población, con la finalidad de contribuir al diseño de una política pública con enfoque de derechos sociales en la materia.

Desde el enfoque de derechos, el primer déficit de la política sectorial en cuanto al derecho al trabajo digno es la falta de participación plural de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de la política sectorial, lo que sería una condición necesaria (no suficiente) para revisar los objetivos e instrumentos de dicha política con el propósito de cerrar las brechas y asegurar el acceso a un trabajo digno, tomando en cuenta las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores.

Los problemas asociados a la accesibilidad y la identificación de empleo disponible (incluyendo el acceso a trabajo remunerado) se mostraron a la luz del limitado alcance de la intermediación entre oferta y demanda a cargo del Servicio Nacional del Empleo, que tendió a decrecer como efecto de los recortes presupuestales al programa y fue semejante en el caso de las agencias privadas de colocación. Por lo anterior, la principal vía utilizada para encontrar vacantes y acceder al empleo fueron los medios informales, lo que en el caso de personas de bajo nivel socioeconómico los llevaría a ocupar empleos precarios.

Como parte de la dimensión de disponibilidad, los problemas del mercado laboral no se expresan en el porcentaje de trabajadores desocupados sino, en mayor medida, en el número de desalentados, subocupados y empleados en el sector informal. Se identifica también un importante déficit en el disfrute del derecho a la capacitación, ya que 57.6% con antecedentes laborales no contó con capacitación para el trabajo en los tres últimos años, estando en peor situación las mujeres (61.1%) que los hombres (53.4%) y el grupo de edad de 45 años o más (65 por ciento), respecto a la población joven (50.6%).

En cuanto a la calidad del empleo, las brechas más importantes se encontraron en: 1) la falta de contrato escrito (que influye en el acceso a prestaciones y se agrava en los establecimientos de menor tamaño); 2) la informalidad debido a la falta de inscripción en la seguridad social (casi seis de cada diez ocupados no la tienen, afectando más a los que tienen menor escolaridad, las personas indígenas, las y los jóvenes, las personas encargadas de las labores domésticas, las personas jornaleras agrícolas, entre otros), y 3) el bajo ingreso que obtienen los asalariados y ocupados merece una atención particular a la luz de la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo general, ubicado por debajo de la línea de pobreza por ingresos, lo que permite establecer la correlación entre la pobreza de la población y la política gubernamental en esta materia.

FUENTE:CONEVAL