Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer cuánto ganan los funcionarios de altos cargos públicos, y evidenció que autoridades de instituciones autónomas superan el salario del titular del Ejecutivo Federal, contrario a lo que establece la Constitución Política de nuestro país.

El procurador dijo que el salario mensual neto integrado del presidente de la República es de $136,700, comparado con los $286,600 del consejero de la Judicatura Federal; los $286,500 del magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; los $284,500 del ministro de la Suprema Corte; o los $248,500 de la gobernadora de Banco de México, por mencionar algunos.

El salario mensual neto integrado incluye todas las prestaciones que a lo largo del año se les otorgan a los funcionarios de la administración pública, como aguinaldo, prima vacacional, medidas de protección al salario, entre otras condiciones de trabajo.

El procurador comentó que la valoración de la información se realizó bajo un análisis ponderado respecto de los salarios brutos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2022, y a ese monto se le hizo una disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a efecto de contar con el neto integrado mensual.

Comentó que algunas instituciones están amparadas, con lo que se excusan para incumplir la disposición de la Constitución de que ninguna persona en el sector público debe ganar más que el presidente de la República, y mencionó al Banco de México, al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cada año, estas entidades combaten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recorte a los sueldos de sus funcionarios, consiguiendo suspensiones que les han permitido mantener sus altos ingresos sin cambios.

El informe indica que el argumento central para mantener esos ingresos es que gozan de autonomía constitucional, y el hecho de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este caso 2022, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal hayan incluido topes salariales, lesiona su independencia.

Ricardo Sheffield Padilla mencionó que las fuentes de información para obtener los ingresos de los funcionarios son públicas y abiertas, por lo que cualquier persona las puede consultar.