El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publica el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018, con el objetivo de brindar elementos sobre el grado de avance en el cumplimiento pleno de este derecho, en términos de la obligación del Estado de garantizarlo, así como de identificar las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal que contribuyen con este propósito. 

Los hallazgos del Estudio Diagnóstico permiten sentar las bases para motivar una política con enfoque de derechos que busque garantizar el ejercicio pleno del derecho al medio ambiente sano, más que el aseguramiento de la provisión de bienes y servicios medioambientales a la población.

Retos para garantizar el derecho al medio ambiente sano

Durante la elaboración del Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018, se identificaron 11 retos para garantizar el ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar:

1. Existe una proporción importante de población que habita en localidades rurales y comunidades indígenas que aún no cuenta con infraestructura de agua potable y servicios de drenaje en sus viviendas. En 2015 a nivel nacional el 94.4% de población contaba con agua entubada en su vivienda; sin embargo, 12.8% de las viviendas particulares habitadas por población indígena no disponían de este servicio, en tanto que el porcentaje de las viviendas de población no indígena a nivel nacional fue de 3.3%. Esta situación se replica en la mayoría de las entidades del país. En el mismo periodo, la cobertura de población con drenaje en su vivienda fue de 91.4% a nivel nacional; en localidades urbanas fue de 96.6%; en las localidades rurales de 74.2% y de 73.1% para la población indígena. En 2016, la cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales a nivel nacional fue de 58.2%, con diferencias importantes entre las entidades federativas, por lo que las personas que residen en Baja California (96.1%), Nuevo León (96.1%) y Tamaulipas (96%) tienen la mayor cobertura; mientras que las que habitan en Campeche (6.8%) y Yucatán (5%) la menor cobertura. Por lo anterior es necesario considerar acciones como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, así como de baños ecológicos.
2. La disponibilidad efectiva de agua potable en las viviendas no está garantizada por la conexión a la red pública. A nivel nacional, 73% de los hogares con tubería de agua en su domicilio cuenta con el suministro diario, 13.9% de seis a tres veces por semana y 13.1% dos veces o menos por semana. La situación más crítica la sufre la población de los estados de Hidalgo, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, donde el suministro de agua diario es menor a 50% en las viviendas que cuentan con toma domiciliaria de agua conectada a la red pública.
3. Si bien se ha alcanzado una cobertura importante de desinfección de agua suministrada para consumo humano (97.3% en 2016), esto no garantiza que así permanezca como consecuencia en algunos casos de la falta de mantenimiento de la infraestructura pública o de un inadecuado almacenamiento, lo que implica que la población no confíe en la calidad del agua suministrada. Por ejemplo, 70.8% de los hogares compra agua embotellada para beber, mientras que sólo el 12.2% bebe directamente agua de la red pública.
4. Se requiere un enfoque de sustentabilidad en el uso del agua, especialmente en el sector agropecuario, que utiliza 76.3% de la demanda total de agua en el país, y como consecuencia de fugas, se desperdicia cerca de 30% del recurso en la conducción en distritos de riego, lo que se verifica en un número importante de acuíferos sobreexplotados. Además, las actividades agrícolas contribuyen a la contaminación de cuerpos de agua a través del uso de fertilizantes y pesticidas, el cual se ha incrementado en 18.7% (171 a 203 toneladas por mil hectáreas) de 1996 a 2014.
5. Se registran altos niveles de contaminantes en el aire de las principales zonas metropolitanas del país, lo que se ha traducido en un grave problema de salud pública. Para 2016, se estima que el 4.7% de muertes fueron atribuibles a la contaminación. Los sectores que más inciden en la generación de contaminantes son las fuentes móviles (vehículos automotores) y la generación eléctrica. En 2015, 79.7% de la energía eléctrica generada fue a partir de fuentes convencionales y solo 20.3% de tecnologías limpias. Al respecto, el Diagnóstico señala que hay poca inversión y corresponsabilidad de las entidades que más contaminantes emiten para la generación de energías limpias.
6. La baja calidad del aire también se presenta al interior de las viviendas que utilizan leña para cocinar, principalmente en las comunidades indígenas y la población rural. Esta es especialmente peligrosa para la salud por la proximidad entre la fuente de contaminación y los miembros de la familia, sobre todo para mujeres, niñas y niños. En 2016, 7.6% del total de viviendas no indígenas cocinaba con leña o carbón y no tenía chimenea; en tanto 42.5% de las viviendas indígenas usaron leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea.
7. La ausencia de un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos deriva en la contaminación en mantos acuíferos, suelos y aire, así como en un bajo nivel de reutilización y valoración de los desechos. En 2015, el porcentaje de acceso a los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos fue de 85.9% de viviendas, lo que implica que 14.1% no desecha sus residuos a través del sistema de recolección y, entonces, es probable que se deshagan de ellos a través de la quema de estos o depositándola en barrancas, ríos u otras áreas naturales generando con ello contaminación. Además, sólo se recicla 5% del total de los residuos sólidos generados. Por ello se requiere contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos, para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, y ampliar el nivel de reutilización y valoración de desechos.
8. Hay poco control y carente información referente a los generadores de residuos peligrosos, lo que lleva a un mal manejo de estos, teniendo impactos negativos en la salud de las personas.
9. El país tiene altos niveles de pérdida de cobertura vegetal y degradación del suelo. Aproximadamente el 50% del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, esto implica pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de fertilidad del suelo, y aparición de erosión, lo que a su vez incide en la disminución de la producción de alimentos pudiendo incidir negativamente en el derecho a la alimentación. Por tipo de ecosistema, el porcentaje de pérdida es: en selvas 42.5%; en pastizales 39.8%; en el caso de bosques 27.5%; y en matorrales 10.3%, lo anterior como resultado de la expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para el ganado, actividades mineras, expansión urbana o creación de infraestructura.
10. México es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y características sociales. Al respecto, en 13 entidades se presentan municipios clasificados con vulnerabilidad alta y muy alta ante el cambio climático, la mayoría ubicados en la región sur y sureste del país, donde se concentra la pobreza y el rezago social como: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Por lo que se debe reducir la vulnerabilidad de la población frente a eventos catastróficos como sequías y lluvias torrenciales producto del cambio climático.
11. Falta de un enfoque transversal en el abordaje del derecho al medio ambiente para establecer estrategias conjuntas en la materia (políticas de movilidad, de vivienda, de salud, entre otras). Es necesario motivar la participación de más actores en la garantía del disfrute del derecho al medio ambiente sano, así como la corresponsabilidad de la sociedad, del sector empresarial y de todos los órdenes de gobierno, para la conservación del medio ambiente.